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El consumo de estupefacientes se cobra una vida cada 36 horas en Argentina

Los últimos indicadores oficiales muestran que, en solo dos años, se duplicaron los casos de muerte por sobredosis. Falta de políticas preventivas, en un contexto de recursos insuficientes. Se aplican más recursos a iniciar procesos penales a consumidores de drogas que a los programas nacionales de prevención y asistencia a las adicciones. 

Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, reiteró el pedido para que se declare la emergencia en materia de adicciones y alertó sobre las consecuencias de la creciente judicialización de consumidores. En ese sentido, explicó que el último informe de la Secretaría de Políticas 

Integrales sobre Drogas de la Nación (ex Sedronar), publicado en 2019 con datos de 2017, muestra que 2 de cada 10 muertes de personas de entre 15 a 64 años se vincula con el consumo de drogas legales e ilegales, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100.000 habitantes. Del total de estas muertes la mayoría corresponde a varones, significando el 69,4% y una tasa bruta de 77 cada 100.000 habitantes, frente al 30,6% de defunciones femeninas y su correspondiente tasa bruta de 33,3 casos cada 100.000 habitantes. 

“Uno de los datos más alarmantes, que no debe pasar desapercibido, es el incremento exponencial de los decesos por sobredosis: el último indicador oficial evidencia que se registraron 100 casos en un año, prácticamente el doble que en 2015”, agregó Martello, que tiene a su cargo el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense y acaba de publicar “Salió Mal”. Se trata de un libro donde el autor plantea -a través de historias críticas y relatos en primera persona- la necesidad de un cambio de paradigma en lo que se refiere a las políticas de drogas que se vienen instrumentando desde hace décadas en la Argentina. 

“El Estado está dilapidando cada vez más recursos en someter a consumidores y adictos a burocráticos procesos penales, que por lo general terminan archivados, mientras se registran muy pocos avances en el combate del financiamiento y del lavado de dinero de las grandes estructuras narcocriminales”, sostuvo el Defensor del Pueblo Adjunto. 

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